Hay décadas de estudios que demuestran que podemos reducir la delincuencia y, al mismo tiempo, reducir el encarcelamiento y, además, que las prisiones y cárceles tienen un enorme impacto perjudicial en nuestra sociedad.
Los índices de delincuencia bajaron considerablemente entre 1990 y mediados de la década de 2010, mientras que la población de las prisiones aumentó significativamente. Puede resultar tentador deducir que los dos fenómenos están relacionados, pero hay estudios económicos rigurosos que demuestran lo contrario e indican que la “mayor encarcelación ha tenido muy poco efecto sobre la disminución en los delitos violentos” de las últimas décadas.
También sabemos por experiencia que podemos reducir la cantidad de personas que terminan en la cárcel o en prisión sin poner en riesgo la seguridad pública. De acuerdo a un análisis del Brennan Center, entre 2007 y 2017, 34 estados redujeron su población penitenciaria y también sus índices de delincuencia. De hecho, hasta el 40 por ciento de las personas en prisión termina tras las rejas sin justificación de riesgo para la seguridad pública.
Por último, el tiempo que se pasa en prisión puede tener importantes efectos negativos para la vida de una persona. Para que nuestras comunidades estén seguras, sanas y a salvo, debemos considerar estrategias de seguridad pública que no dependan innecesariamente del encarcelamiento.