La policía elabora perfiles raciales cuando arresta o detiene a una persona por su apariencia física o por sus creencias -- por ejemplo, por su raza, etnicidad o religión -- y no por sospechar que cometió un delito. Los perfiles raciales son fundamentalmente injustos: van en contra de la justicia igualitaria ante la ley, lo cual es una garantía central de la Constitución.
Cuando la policía elabora perfiles raciales, significa que tomará decisiones en base a opiniones subjetivas y no en base a datos objetivos. Para que las prácticas policiales y de seguridad nacional sean efectivas, deben basarse en una evidencia delictiva y no en estereotipos discriminatorios sobre quiénes son más propensos a cometer un delito o ser una amenaza. Cualquier otra práctica es injusta, infringe nuestros principios constitucionales y no aporta nada de seguridad.
Los perfiles raciales no funcionan, ya sea en el contexto de las prácticas inmigratorias, policiales o de seguridad nacional.
En el caso de las prácticas inmigratorias, la falsa creencia de que un nuevo residente no blanco vaya a ser indocumentado ha destrozado familias y producido un mal uso de recursos gubernamentales. Dos de los grupos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) más confunde como personas indocumentadas para investigarlas y deportarlas son ciudadanos estadounidenses que nacieron fuera del país e hijos de inmigrantes que nacieron en nuestro país.
Entre 2002 y 2017, ICE identificó incorrectamente a casi 3,000 ciudadanos como potencialmente elegibles para su deportación. La Policía Fronteriza utiliza ciertos marcadores como hablar español o una apariencia “latina” como motivo de investigación, incluso cerca de la frontera con Canadá donde más del 70 por ciento de las personas que intentan entrar a los Estados Unidos sin autorización es de origen canadiense o de un país europeo. Un enorme porcentaje de los arrestos a no ciudadanos es entre residentes que viven en los Estados Unidos desde hace muchos años y están muy arraigados en sus comunidades.
Del mismo modo, el programa de “detención y cacheo” del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) apuntó directamente a las comunidades de color. Entre enero de 2004 y junio de 2012, NYPD realizó 4.4 millones de detenciones mediante este programa, principalmente entre las comunidades latinas y negras. Sin embargo, el porcentaje de estas detenciones que se convirtieron en arrestos, es decir, su porcentaje de efectividad, fue más bajo en estos grupos de minorías.
En el contexto de la seguridad nacional, el programa implementado para hacerle frente al extremismo violento (CVE) que detenía a las personas árabes y musulmanes se “basaba en el supuesto de que las personas de alto riesgo provenían de ciertas comunidades religiosas y étnicas”, según dijo un exfuncionario de seguridad nacional. La administración Biden ahora reconoce que el programa CVE se basaba en “supuestos incorrectos” que hicieron que las comunidades afectadas sintieran desconfianza por la policía e ignoraban otras formas de violencia política, incluso ahora cuando continúa implementando iniciativas parecidas. La prohibición del ingreso de personas musulmanas impuesta por el presidente Trump, o el “Muslim ban” en inglés, se basó en el mismo supuesto de sospecha colectiva.