Hoy, un grupo de cuatro ciudades y condados demandaron ante un tribunal federal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) porque la administración Trump está amenazando con retener decenas de millones de dólares de fondos antiterrorismo si los estados y gobiernos locales no implementan determinadas políticas electorales.
El condado de Harris, el condado de El Paso, el Gobierno Metropolitano de Nashville y condado de Davidson, y la ciudad de Columbus —representados por las organizaciones Protect Democracy, el Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU, Public Rights Project y Jacobson Lawyers Group— argumentan que imponer estas condiciones viola la Constitución y pone en peligro la seguridad pública y la seguridad de las elecciones. Durante los últimos dos años, los tribunales, en su mayoría, han bloqueado los repetidos intentos de la administración de arrebatarles la autoridad sobre las elecciones al Congreso y los estados. Ahora, el DHS está amenazando con suspender los fondos de seguridad pública a fin de presionar a los estados y gobiernos locales a adoptar algunas de las mismas políticas que la administración ha intentado imponer, pero no ha podido.
En junio, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) colocó nuevos requisitos de elegibilidad para que los estados puedan recibir fondos del Programa de Subsidios de Seguridad Nacional, creado por el Congreso en 2001, con el fin de ayudar a las localidades a prevenir y responder ante los actos de terrorismo. Las condiciones obligan a los estados a usar el sistema de Verificación Automática de Extranjeros para Recibir Beneficios del gobierno, o sistema “SAVE” (Systematic Alien Verification for Entitlements), del DHS, notorio por sus errores, para “verificar” la ciudadanía de todos los trabajadores electorales y votantes registrados, implementar cambios costosos y poco prácticos en los sistemas electrónicos de votación, e imponer arbitrariamente la auditoría manual del 5 % de las boletas en papel. Los estados que no cumplan con estos nuevos requisitos no recibirán el 20 % de sus fondos en subsidios antiterrorismo.
La demanda argumenta que estas nuevas condiciones son arbitrarias e ilegales, ya que violan la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) y la separación de poderes prevista por la Constitución. La Constitución le otorga al Congreso —no al poder ejecutivo— la autoridad exclusiva de establecer los términos del gasto federal. La Constitución también les concede a los estados y al Congreso, no a la rama ejecutiva, el poder de establecer las reglas para las elecciones federales. Esta demanda llega en un momento en el que la administración Trump está orquestando una campaña concertada para socavar las elecciones de medio término.
Las jurisdicciones demandantes son el condado de Harris, el condado de El Paso, el Gobierno Metropolitano de Nashville y condado de Davidson, y la ciudad de Columbus.
“Este es el tipo de abuso de poder al que ya estamos acostumbrados por parte de la administración Trump”, afirmó Abbie Kamin, fiscal del condado de Harris. “Amenazar con retener los fondos de seguridad y orden público de la que dependen nuestras agencias, retener los dólares que protegen a nuestras comunidades para un arrebato de poder partidista no solo está mal, sino que es peligroso. El control local de las elecciones es una garantía arraigada en la Constitución, y todo intento de cambiarlo debe defenderse con vigor”.
“Amenazar con suspender los fondos de subsidios esenciales con el objetivo de impulsar una narrativa política falsa es ilegal. Y se está haciendo directamente a expensas de las oficinas electorales locales, las agencias policiales y judiciales locales y las comunidades a las que tienen el compromiso de servir”, señaló la fiscal del condado de El Paso Christina Sanchez. “Las oficinas electorales locales ya tienen algunos de los requisitos y esfuerzos de supervisión más estrictos, diseñados para garantizar la seguridad y transparencia de sus operaciones. Imponer más requisitos es costoso, complicado y engorroso, y, encima, nuestras agencias policiales y judiciales dependen de estos fondos para comprar equipos esenciales que les ayudan a proteger y salvas vidas. El condado de El Paso se suma a otras jurisdicciones locales en nuestro esfuerzo por luchar contra este peligroso arrebato de poder de parte de una agencia federal inescrupulosa con objetivos claramente políticos”, concluyó Sanchez.
“Esta demanda busca garantizar los fondos necesarios para proporcionar equipos y capacitaciones a los equipos de primera respuesta de Nashville en caso de emergencias o actos de terrorismo en nuestra ciudad”, señaló Tyler Yarbro directora del Departamento de Derecho del Gobierno Metropolitano de Nashville y condado de Davidson. “La administración Trump quiere retener estos fondos si no implementamos cambios costosos y totalmente innecesarios en nuestros procedimientos electorales. Todos los tribunales involucrados han rechazado los esfuerzos de la administración de interferir en las elecciones. Sentimos orgullo de sumarnos a otras ciudades y condados del país para garantizar que se proteja nuestro acceso a los fondos federales destinados a los equipos de primera respuesta”.
“Amenazar a las ciudades con suspender fondos antiterrorismo si no acceden a la absurda manipulación del presidente con respecto a las elecciones es tan peligroso como ilegal”, explicó el fiscal de la ciudad de Columbus Zach Klein. “Estamos luchando para proteger la seguridad pública y la integridad de las elecciones. No permitiremos que este presidente y su administración nos acosen”.
“Le estamos pidiendo al tribunal que haga cumplir las disposiciones centrales de la Constitución que indican que el Congreso controla la cartera federal y los gobiernos locales controlan los procedimientos electorales”, indicó Daniel Jacobson, fundador del bufete de abogados Jacobson Lawyers Group. “Esta administración no puede poner en peligro los fondos esenciales en materia de seguridad pública para impulsar sus propios objetivos electorales ilegales”.
“Usar los fondos antiterrorismo primordiales como condición para dictar políticas electorales estatales es un abuso de autoridad federal peligroso e inconstitucional”, señaló Jacek Pruski, abogado asesor especial y líder del programa para elecciones libres y justas de la fundación Protect Democracy. “Estos subsidios fueron creados para proteger a nuestras comunidades del peligro, no para servir como un punto de negociación política y obligar a los líderes locales y estatales a aceptar condiciones electorales ilegales de parte del gobierno federal”.
“Las acciones de la administración Trump son francamente ilegales. Este último intento demuestra que la administración está dispuesta a hacer lo que sea —incluso retener los fondos esenciales de seguridad pública— en su cruzada por socavar las elecciones”, dijo Eliza Sweren-Becker, vicedirectora del Programa sobre Elecciones y Derecho al Voto del Brennan Center for Justice. “Con la excusa de propiciar la ‘seguridad de las elecciones’, la administración, en realidad, está socavando la seguridad de la población estadounidense de todo el país. Las elecciones ya son seguras y transparentes, y estas condiciones perjudicarían la administración de las elecciones y violarían el principio fundamental de la separación de poderes".
«El DHS está tratando de usar fondos de seguridad nacional para modificar drásticamente la forma en que los gobiernos locales administran las elecciones”, afirmó Toby Merrill, director de litigios en la organización Public Rights Project. »Estas nuevas condiciones menoscabarían el control local que ha ayudado a garantizar la seguridad y transparencia de nuestras elecciones durante décadas. Nos enorgullece unir fuerzas con otras ciudades y condados en su lucha por proteger a sus comunidades de este dañino arrebato de poder por parte del gobierno federal”.
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