Este artículo fue publicado inicialmente en Just Security.
Mientras el presidente Joe Biden les daba la bienvenida a cientos de musulmanes estadounidenses a una celebración por Eid en la Casa Blanca a principios de mes, el Servicio Secreto le negó el ingreso a Mohammad Khairullah, alcalde de una ciudad en Nueva Jersey. La agencia verifica la información de los invitados en extensas bases federales de datos, y según sospecha el alcalde, fue rechazado pues lo incluyeron por error en una lista federal de seguridad debido a estereotipos raciales y religiosos. Su exclusión parece coincidir con un patrón en las agencias federales de seguridad que tratan a los estadounidenses de manera diferente debido a su religión y color de piel.
Por décadas, las comunidades de color y los defensores de los derechos civiles han solicitado normas que prohíban del todo que las agencias federales usen estereotipos raciales. Estas agencias tienen la tecnología y el poder de vigilarnos e investigarnos, prohibirnos volar, detenernos e interrogarnos en la frontera, además de negarnos beneficios como inmigrantes. Sin embargo, evidentes lagunas legales en las directivas sobre estereotipos raciales que usa el Departamento de Justicia, parte de las cuales sigue el Departamento de Seguridad Nacional, todavía permiten la insidiosa discriminación.
El presidente les ha encargado a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que revisen y actualicen esas normas, y se tiene previsto que emitan nuevas directivas pronto. Para asegurar que los esfuerzos federales de seguridad se basen en hechos y no en prejuicios, las nuevas pautas deben ser claras de tres maneras: tienen que abarcar todos los elementos protegidos por la Constitución; aplicarse a todas las agencias de la ley y actividades de seguridad a nivel federal; y determinar estrictas medidas para asegurar el cumplimiento y evaluarlo.
La discapacidad, la identidad de género y la expresión no están cubiertas en lo absoluto por las actuales pautas del Departamento de Justicia, y las existentes medidas de protección por raza, género, religión, nacionalidad y origen nacional permiten que prosperen los prejuicios. Por ejemplo, si bien el Departamento de Seguridad Nacional asegura que cumple con la prohibición del Departamento de Justicia sobre estereotipos religiosos para ciertas operaciones, simplemente no abarcamuchas de sus actividades, como el contraterrorismo, el escrutinio de inmigrantes y la revisión en la frontera. Las pautas también permiten escrutinio injusto dEel país de origen de los estadounidenses. Después de la muerte del general iraní Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos, los agentes del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza arrestaron e interrogaron por error a estadounidenses iraníes en la frontera sobre su vida y conexiones.
La parte más contundente de las actuales reglas contra estereotipos raciales del Departamento de Justicia, que prohíbe usar la raza, religión y categoríasde esta índoleen cualquier medida, se aplica de manera similar solo a actividades “rutinarias y espontáneas de las agencias de la ley”, como infracciones de tránsito. Estas actividades las llevan a cabo mayormente la policía estatal y local, que no están sujetas a las reglas federales.
Para la mayoría de su propia labor, el Departamento de Justicia no tiene una prohibición real contra la discriminación. Por ejemplo, los oficiales federales tienen permiso explícito de usar las tasas de arresto, que son desproporcionadamente altas respecto a las personas de color y se ha demostrado reflejan discriminación racial, particularmente contra afroamericanos, lo cual perpetúa el ciclo de la discriminación. Los agentes federales pueden tomar en cuenta rasgos como el origen étnico de un estadounidense si tienen información que muestra que hay una posible conexión entre la gente de una etnia en particular y “amenazas” vagamente definidas contra las operaciones de seguridad nacional y la frontera. Las lagunas legales en seguridad nacional y fronteriza en las reglas del Departamento son un factor clave en la flagrante discriminación que sufren los migrantes negros, latinos y otros a manos de los agentes fronterizos y de inmigración.
Este enfoque es la esencia de la discriminación. Si como sostiene repetidas veces el Departamento de Justicia, usar estereotipos raciales es errado e ineficaz como lo es para “el cumplimiento de la ley”, ¿por qué se permite que los agentes tomen en cuenta la raza o religión de una persona al decidir si van a vigilarla o investigarla por razones de seguridad nacional o inmigración?
Tampoco tiene sentido permitir que la discriminación contamine las operaciones de inteligencia como lo hacen las directivas actuales. La discriminación en la recopilación de información de inteligencia afecta la calidad de los datos y conlleva daños reales contra las comunidades de color. De hecho, los actos de los agentes federales se ven dictados cada vez más por decisiones tomadas por evaluaciones de inteligencia que se hacen a puerta cerrada. De la misma forma en que la discriminación no debe influir en la decisión de un agente fronterizo de someter a ciertos viajeros a escrutinio adicional, el trabajo de inteligencia que califica a ciertos pasajeros como de alto riesgo también debe estar libre de prejuicios. Ya que las normas actuales no solucionan esos problemas, no nos debe sorprender que las comunidades de color noten persistentemente que quienes están encargados de nuestra seguridad los señalan y maltratan.
Urgen nuevas pautas para corregir estos problemas, junto con pasos concretos para poner en práctica la nueva e importante política. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional deben explicar cómo capacitarán a su personal para implementar la nueva política, evaluarán si, de hecho, la política elimina la discriminación y asegurar la rendición de cuentas por los trasgresores.
Cualquiera nueva política se evaluará para ver si incluye todos los elementos protegidos por la Constitución y si la pueden aplicar los agentes de policía y las operaciones conjuntas con fondos federales; si elimina el doble estándar de tratar los operativos fronterizos, de seguridad nacional e inteligencia como zonas donde las medidas contra la discriminación no se aplican; y si se aplica fielmente.
Solo entonces, la promesa del presidente Biden de hacer que su gobierno sea “parte de un esfuerzo mayor para fortalecer nuestra democracia y realzar los principios de igualdad y dignidad” estará más cerca de la realidad.
Faiza Patel es directora principal del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center por la Justicia en la Facultad de Derecho de NYU.
Hina Shamsi es directora del Proyecto de Seguridad Nacional del American Civil Liberties Union.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
