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Press Release

Grupos de derechos civiles, organizaciones cívicas y gobiernos locales presentan una demanda para evitar que Trump cierre el censo antes de tiempo

Un intento de último momento por desbaratar el plan de emergencia de la Oficina del Censo durante la pandemia pone en riesgo la precisión del conteo.

August 18, 2020

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

18 de agosto de 2020

Contacto: Mireya Navarro, Brennan Center for Justice, mireya.navarro@nyu.edu, 646-925-8760.

 

SAN JOSE, Calif. – Grupos de derechos civiles, organizaciones cívicas y gobiernos locales hoy presentaron una demanda judicial para frenar el plan de la Administración Trump de obligar a la Oficina del Censo a que apresure el cierre del Censo de 2020 y así entregarle al presidente Trump los conteos para la redistribución de escaños del Congreso antes del 31 de diciembre de 2020.

En esta demanda judicial, se afirma que el nuevo cronograma acelerado para el censo de la Administración Trump le quita cuatro semanas cruciales al conteo en sí y cuatro meses a la etapa de procesamiento y presentación de datos. Este cambio abrupto ignora los planes que la misma Oficina tenía para lidiar con las dificultades provocadas por la pandemia de COVID-19, menoscaba la calidad y la precisión del censo y asegura un déficit sustancial en el conteo de las comunidades de color.

Los demandantes, representados por el Brennan Center for Justice, el Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law y Latham & Watkins, LLP, incluyen a las organizaciones National Urban League y National League of Women Voters, la Black Alliance for Just Immigration y el gobierno de las ciudades de Los Ángeles, San José  y Salinas (California) y del condado Harris (Houston). En esta causa judicial, presentada en el Tribunal Federal del Distrito del Norte de California, los demandados son el Departamento de Comercio y la Oficina del Censo, junto con sus líderes, el secretario de Comercio Wilbur L. Ross y el director de la Oficina del Censo Steven Dillingham.

La demanda solicita al Tribunal que mantenga el cronograma extendido de emergencia para el Censo de 2020 propuesto por los funcionarios del censo. Según este plan de emergencia, la Oficina completaría el censo, incluidas las operaciones puerta a puerta, el 31 de octubre de 2020, y el 30 de abril de 2021 entregaría al presidente los conteos para la redistribución de escaños. Luego, se presentarían los datos para redefinir los distritos legislativos de cada estado el 31 de julio de 2021.

“La decisión repentina de adelantar el cierre del Censo de 2020 en medio de una pandemia cada vez más recrudecida es injustificada e injustificable —afirmó Thomas Wolf, abogado experto y becario de la Fundación Spitzer del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU. “Esta decisión contradice el sentido común y el derecho constitucional, y echa por tierra el deber de la Oficina del Censo de garantizar un conteo preciso, justo, completo y no discriminatorio sin motivo alguno”.

La pandemia de COVID-19 trajo aparejados nuevos desafíos gigantescos para el censo de este decenio justo cuando se iniciaban los conteos, tales como el desplazamiento masivo de personas. También hizo frenar las operaciones puerta a puerta, lo cual ha afectado el alcance del censo en poblaciones difíciles de contar, como las comunidades negras, latinas y nativas norteamericanas.

Los funcionarios de la Oficina del Censo solicitaron una ampliación de los plazos de recopilación, procesamiento y presentación de datos para facilitar un plan de emergencia al que el presidente Trump dio su apoyo públicamente. Sin embargo, el 3 de agosto, después de meses de haber seguido su plan de emergencia, Ross y Dillingham anunciaron de repente que la operación de recopilación de datos del Censo acabaría el 30 de septiembre, un mes entero antes del tiempo que los funcionarios de la Oficina habían dicho que necesitaban para completar el conteo.

Esta demanda se relaciona con la anulación del memorando ejecutivo firmado por el presidente Trump a comienzos de este verano para intentar excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo que determina los escaños de cada estado en la Cámara de Representantes.

“El contenido y el momento de la decisión sugiere que la motivación del gobierno federal en apresurar el plan es para facilitar otro acto ilegal: suprimir el poder político de las comunidades de color excluyendo a las personas indocumentadas del conteo final para la redistribución de escaños”, se lee en la demanda. “Para que el presidente pueda ejecutar su memorando, él tendría que recibir los números completos de la población mientras todavía ocupa su cargo.”

En la causa también se afirma que los intentos de esta Administración por apurar el cierre del censo representan una grave amenaza a las funciones vitales que dependen de los datos del censo, desde la redistribución de la Cámara de Representantes y el trazado de los distritos electorales estatales y locales hasta la distribución equitativa de más de $1.5 billones anuales de fondos federales destinados a necesidades básicas como alimentos, salud y educación. Los demandantes en esta causa son organizaciones de afiliados y de defensa de derechos civiles, y condados y ciudades, cuyos residentes o votantes seguramente no estarán representados fiel ni íntegramente en el conteo final si la Administración lograr cerrar el Censo de 2020 antes de tiempo.

La causa pretende lograr que el tribunal declare inconstitucional la decisión de desbaratar el plan de emergencia de la Oficina del Censo, ya que viola la Cláusula de Enumeración y las garantías de protección igualitaria de la Constitución, así como también la Ley de Procedimientos Administrativos.

 Aquí se puede leer la demanda.  

Para ver el comunicado de prensa, favor de hacer clic aquí.

 

 El Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU es un instituto no partidista sobre política y derecho que trabaja para reformar, revitalizar y, cuando sea necesario, defender los sistemas de democracia y justicia de nuestro país.