Las sesiones legislativas de 2023 ya comenzaron en todos los estados, excepto dos, y se ha presentado un número récord de leyes electorales restrictivas.
Al 25 de enero de 2023, las legislaturas de al menos 32 estados han anunciado o presentado 150 proyectos de ley electorales restrictivos. Se clasifica como legislación restrictiva a toda ley o proyecto de ley que le dificulte a la ciudadanía votar, inscribirse para votar o permanecer en las listas de votación, o padrones electorales, en comparación con la legislación estatal vigente.
Estos 150 proyectos de ley restrictivos son más que los proyectos restrictivos que se presentaron para esta misma época en 2021 y 2022, lo cual indica que hay legisladores que están empleando la misma técnica de los últimos dos años para dificultar aún más el voto. La legislación restrictiva suele afectar muchísimo más a los votantes no blancos, y los estudios del Brennan Center han demostrado que incluso una sola disposición restrictiva puede tener un enorme impacto racialmente discriminatorio sobre la ciudadanía.
En 2021, los estados promulgaron más leyes electorales restrictivas que desde que comenzamos a realizar el seguimiento de este tipo de legislación en 2011, pero el mayor ritmo en la presentación de estas leyes de este año no se traducirá necesariamente en un mayor número de leyes aprobadas. A comienzos del año 2022 también se registraron más proyectos de ley presentados que en 2021, pero se aprobaron menos leyes hacia el final del año.
Durante las primeras semanas de 2023, se anunciaron o presentaron al menos 27 proyectos de ley que buscan interferir con las elecciones en 10 estados. Se clasifica como legislación que procura interferir con las elecciones si ocurre alguno de estos dos casos: aumentan las oportunidades para que haya interferencia electoral partidista en la administración de las elecciones o en sus resultados, o amenazan a la ciudadanía y a los procesos democráticos que posibilitan el correcto funcionamiento de las elecciones.
Este tipo de legislación incluye proyectos que crean entidades controladas por el poder político del gobierno para enjuiciar delitos electorales; permiten a actores políticos solicitar, iniciar o llevar a cabo auditorías de cualquier elección; imponen nuevas sanciones penales sobre autoridades electorales por realizar actividades rutinarias de administración electoral; o imponen la prohibición de usar máquinas para contar boletas en todo el estado.
Dos de las propuestas más radicales en este sentido son un proyecto en Texas que les permitiría a los electores presidenciales ignorar los resultados estatales de una elección, y otro en Virginia que le permitiría a un grupo cualquiera de residentes anular los resultados locales.
Es frecuente que haya un aumento de actividad legislativa en los años impares, cuando comienza una nueva sesión legislativa, en especial durante el año anterior a las elecciones presidenciales. Pero, en realidad, ha habido menos leyes que procuran interferir con las elecciones este año que en el anterior, para la misma época. Esta reducción puede responder al resultado de las elecciones legislativas de 2022, cuando la ciudadanía votó en contra de importantes candidatos que negaban las últimas elecciones presidenciales en varios estados pendulares.
Al mismo tiempo, las legislaturas de al menos 34 estados han anunciado o presentado, como mínimo, 274 proyectos de ley que expandirían el acceso al voto. Se clasifica como legislación expansiva a toda ley o proyecto de ley que le facilite a la ciudadanía votar, inscribirse para votar o permanecer en las listas de votación, o padrones electorales, en comparación con la legislación estatal vigente.
Si bien estos 274 proyectos de ley son menos que los que se presentaron para la misma época en 2021, son más del doble que los presentados para la misma época el año pasado.
