La Corte Suprema, a punto de expandir los derechos sobre la portación de armas de la Segunda Enmienda

 

La Corte Suprema se prepara para dictar su resolución en una causa sobre la portación de armas que seguramente vaya a ampliar las protecciones que ofrece la Segunda Enmienda a todo propietario individual de armas que desea llevar un arma fuera de su domicilio. La cuestión más importante de la causa New York State Rifle & Pistol Asso­ci­ation vs. Bruen puede no ser la posibilidad de que la Corte Suprema anule el requisito de licenciamiento para comprar una pistola que se viene aplicando desde hace cien años en el estado de Nueva York, sino la fuerza con la que señale la Corte que otras medidas de licenciamiento instituidas por el gobierno tienen constitucionalidad sospechosa.

 ¿Puede el gobierno prohibir la portación de pistolas en los tribunales de justicia y escuelas? ¿Y en los campus universitarios u hospitales? Cuando en noviembre de 2021 la Corte Suprema oyó la presentación oral del juicio, su mayoría conservadora compuesta por seis magistrados parecía mucho más interesada en explorar los límites de una posible ampliación de la Segunda Enmienda que en debatir si se debía ampliar o no. Esta postura es un cambio radical si se la compara con la que siempre había mantenido la Corte sobre esta enmienda, pero no debería sorprender a nadie que haya estudiado la trayectoria de su jurisprudencia sobre este tema durante los últimos 15 años.

La actual Corte Suprema es mucho más conservadora y más adepta a los derechos de portación de armas que la que reconoció por primera vez el derecho personal de portar armar de la Segunda Enmienda en la causa District Columbia vs. Heller en 2008. Y más que la Corte que dos años más tarde, en la causa McDon­ald vs. Chicago, reconoció que esas protecciones también se debían aplicar a las leyes y regulaciones estatales. Tampoco está más la magistrada Ruth Bader Gins­burg, enemiga de la ampliación de derechos de portación de armas. La magistrada que vino a ocupar su lugar, Amy Coney Barrett, es muy conocida por su interpretación de la Segunda Enmienda mucho más amplia que el difunto magistrado Antonin Scalia, autor de la causa Heller. 

Durante muchos años después de las decisiones Heller y McDon­ald, el magistrado Clar­ence Thomas, defensor extremo de los derechos de portación de armas, incitó una y otra vez a los demás magistrados de la Corte a que aceptaran más impugnaciones a las leyes existentes sobre la portación de armas, en base a la Segunda Enmienda. Quería que la Corte Suprema utilizara el nuevo derecho “personal” reconocido en virtud de la Segunda Enmienda para eliminar regulaciones que restringen la posesión y el uso de armas de fuego. Durante muchos años y hasta que el presidente Donald Trump nominó a sus tres magistrados, la Corte Suprema rechazó los intentos del magistrado Thomas.

Eso era antes. Ahora es distinto. Ahora estamos esperando la decisión de la Corte Suprema sobre la causa Bruen, un dictamen que, según algunos expertos, no llegará hasta fines de junio. Esta causa judicial intenta impugnar una ley del estado de Nueva York que desde hace 108 años rige la portación encubierta de pistolas. Las personas a favor de esta impugnación argumentan que no se debería demostrar una necesidad especial para obtener una licencia de portación encubierta de armas. Cuando la Corte Suprema interrogó sobre este tema durante la presentación oral del juicio el otoño pasado, la mayoría de los magistrados parecían escépticos sobre las justificaciones que dio el estado de Nueva York para seguir aplicando la ley.

Pero esta causa es tan solo el comienzo de lo que algunos abogados y expertos tildan de un intento incansable de la Corte Suprema de transformar la regulación de armas en los Estados Unidos.

La decisión del caso Bruen vendrá tan solo unas semanas después de otra masacre, de otro ataque de violencia con armas, esta vez en Buffalo, Nueva York, donde la gobernadora Kathy Hochul y otros legisladores estatales prometen ampliar el alcance de las regulaciones sobre la portación de armas. ¿Podrá cambiar la masacre de Buffalo la opinión de algún magistrado de la Corte Suprema? Seguramente no. Tampoco lo hará la masacre de 19 niños y dos maestras en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas. Se sabe que los mató un joven de 18 de años que había comprado las armas en un estado que ha flexibilizado ampliamente las leyes sobre portación de armas durante la última década. En Texas, para alguien de 18 años es más difícil conseguir una licencia de conducir que comprar un arma.

Para entender mejor nuestra situación actual en cuanto a la Segunda Enmienda y nuestra probable situación en el futuro dada la composición actual de la Corte Suprema, dialogué con Darrell Miller, profesor en la Facultad de Derecho Duke y experto en la Segunda Enmienda, derechos de portación de armas y sus regulaciones.

COHEN: Tres días después de los disturbios e insurrección en el Capitolio, usted le dio una entrevista fascin­ante a Olivia Li de The Trace, en la que habló sobre la teoría de insurrección de la Segunda Enmienda. Para ayudarnos a entender el concepto, usted dijo alguna vez que “siempre hay quienes piensan que la tiranía ocurre en el presente”. Ya pasaron 15 meses del 6 de enero de 2021. ¿Qué ve desde entonces que apoye o refute su vieja teoría en el centenar de causas federales que surgieron contra los supuestos insurrectos y participantes de los disturbios?

MILLER: Si hay algo que hicieron estos últimos 15 meses fue reforzar mi convicción de que la normalización de amenazas de violencia política en nuestra sociedad está socavando los valores fundacionales de nuestra democracia. Con estas demandas estamos conociendo lo generalizado y coordinado que realmente fue el ataque en el Capitolio. A través del Comité del 6 de enero, estamos conociendo lo cómplice que fue gran parte de la clase política, judicial y profesional al haber apoyado ese ataque multifacético al traspaso pacífico del poder presidencial. Sin embargo, en lugar de ver un rechazo bipartidario de la violencia política, somos testigos de referencias cada vez más transparentes a esa violencia. Para mí es alarmante.

 COHEN: ¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Protección del Comercio Legítimo de Armas (Protec­tion of Lawful Commerce in Arms Act, PLCAA), la ley federal de la época de Bush que les ofrece un resguardo especial a los fabricantes de armas para protegerlos de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por la violencia con armas? ¿Una anulación legislativa de esta ley infringiría la Segunda Enmienda? Y finalmente, ¿le parece, por los últimos litigios en contra de los fabricantes de armas, por ejemplo, en el caso de Sandy Hook, que la mejor opción para reducir la violencia con armas podría ser responsabilizar a los fabricantes de armas por parte de la culpa?

MILLER: No creo que una anulación legislativa de la ley PLCAA infrinja la Segunda Enmienda. Sí creo que la Segunda Enmienda supone que hay algún tipo de mercado comercial de armas, pero no hay nada en esta enmienda que diga que ese mercado deba ser desregulado. De hecho, en la causa District of Columbia vs. Heller, la misma Corte afirmó que “nada de nuestra decisión debe interpretarse como medio para infundir dudas sobre… las leyes que imponen condiciones y requisitos en la venta comercial de armas”. En la actualidad, según la ley PLCAA, las armas de fuego son uno de los pocos productos comerciales que están básicamente inmunes a las reglas de responsabilidad civil que podrían obligar a los fabricantes y distribuidores de armas a hacerlas más seguras y menos propensas al mal uso.

Es posible que, si se anula la ley PLCAA, la Corte pueda dictaminar que la Segunda Enmienda establece el mínimo de reglas de responsabilidad civil en cuanto a las armas (al igual que lo hizo con la Primera Enmienda en el contexto de la difamación de personas públicas). Es posible, pero eso daría a los derechos de portación de armas de la Segunda Enmienda un tipo de privilegio ofrecido a muy pocas garantías constitucionales. El caso de Sandy Hook presenta una muy pequeña oportunidad para quebrar el escudo de inmunidad de la ley PLCAA, y quizá sea suficiente para que los fabricantes de armas cambien sus prácticas de venta. Pero no creo que pueda brindar todos los demás incentivos (como ya existen para otros productos comerciales, desde las baterías hasta los autos y la medicación con prescripción), de modo tal que un producto potencialmente beneficioso sea menos propenso al mal uso.

COHEN: Cinco años después de su retiro, el magistrado Warren Burger, expresidente de la Corte Suprema y nombrado por Nixon, dijo que la idea de que la Segunda Enmienda supusiera un derecho personal de portar armas era todo un fraude. La Segunda Enmienda, según afirmó en una entrevista de 1991, “ha sido uno de los fraudes más grandes, y repito la palabra fraude, que ciertos grupos de intereses le hayan vendido al público estadounidense y que yo haya visto en toda mi vida”. Eso fue hace 31 años. Desde entonces, una Corte Suprema conservadora decidió que sí hay un derecho individual de portar armas, una decisión que revocó numerosas regulaciones sobre armas en todo el país. Para muchas personas, los comentarios de Burger son una especie de test de Rorschach sobre la Segunda Enmienda en general y sobre la regulación de armas en particular. ¿Cuál es su opinión?

MILLER: La suya no es una pregunta simple. Decir que la interpretación de la Segunda Enmienda como derecho personal a portar armas es un “fraude” supone un cierto tipo de metodología constitucional originalista. Supone que la Segunda Enmienda debe significar lo que quisieron decir los Fundadores de la nación o, dicho de otro modo, lo que la generación de los Fundadores interpretó que querían decir esas palabras alrededor de 1791. Casi ninguno de los Fundadores habla sobre el uso de armas de fuego para defensa personal contra delincuentes, en la época en que se ratificó la Segunda Enmienda. Su debate se centraba en el miedo a un ejército permanente y en cómo organizar las milicias. Un estudio lingüístico reciente que utilizó una gran cantidad de datos sobre documentos del siglo dieciocho, que no estaban disponibles cuando la Corte Suprema decidió el caso District of Columbia vs. Heller, demostró de un modo muy convincente que la frase “portar armas” era utilizada en su gran mayoría en un sentido colectivo o militar y casi nunca en el sentido moderno de “llevar un arma consigo”.

Por lo tanto, según estos datos, Burger tiene razón. Pero suponer que la Constitución significa lo que los Fundadores quisieron decir o interpretaron es una suposición un poco extrema. Existe una nueva teoría más flexible sobre la Constitución que por lo general sigue el sector de izquierda y dice que la interpretación de la Constitución cambia poco a poco con el tiempo o se ve afectada por acontecimientos públicos o movimientos sociales importantes. Si seguimos esta teoría interpretativa de la Constitución, decir que el derecho personal de portar armas es un fraude es una falta de lógica. Esta es la gran ironía del dictamen Heller: lo escribió un consumado originalista, lo celebran los conservadores, pero solo tiene sentido si consideramos que la Constitución es un documento vivo y cambiante.

COHEN: Todo el mundo espera la decisión de la Corte Suprema sobre la causa New York State Rifle & Pistol Asso­ci­ation, Inc. vs Bruen. Claro que no he podido leer todos los ensayos ni análisis sobre el caso, ni tampoco sobre la presentación oral que se hizo durante el juicio el último noviembre, pero no conozco a ningún experto en la Segunda Enmienda o políticas sobre armas de fuego que diga que la mayoría conservadora de la Corte Suprema vaya a dictaminar a favor del estado de Nueva York y en contra de los intereses de los propietarios de armas. ¿Cuál le parece que será el alcance de la decisión a la que seguramente llegue la Corte en este caso? ¿Qué predice que pasará?

MILLER: Estoy muy seguro de que se anulará la ley vigente del estado de Nueva York sobre el licenciamiento de pistolas, pero aparte de eso, no puedo predecir el alcance de la decisión a la que seguramente llegue la Corte Suprema en un mes o dos. Durante la presentación oral del juicio, los magistrados parecían verdaderamente preocupados con que un dictamen general sobre la portación de armas a la vista los terminaría enredando en todo tipo de detalles minuciosos sobre los sitios donde se prohibiría portar armas (campus universitarios, trenes, Times Square en Año Nuevo, etc.). Yo no puedo creer que tengan tantas ganas de transformar a cada juez federal de distrito del país en una especie de zar que decida las reglas de dónde se puede portar armas y dónde no. Sin embargo, hay una supermayoría conservadora en la Corte Suprema claramente dispuesta a demostrar su fortaleza en cuanto a temas que a los conservadores les importan desde siempre: desde restricciones sobre el aborto hasta el libre ejercicio de religión y los derechos de portación de armas. Así que no descarto un dictamen generalizador y muy disruptivo que no solo anule las regulaciones del estado de Nueva York, sino que también cuestione la constitucionalidad de casi todas las regulaciones sobre las armas, en todos los estados y en todos los niveles de gobierno.

COHEN: Usted ha escrito mucho sobre la Segunda Enmienda y sobre cómo las personas encargadas de elaborar políticas pueden y deben resolver la tensión que existe entre los derechos de portación de armas y sus regulaciones. En un artículo que me llamó la atención, publicado el año pasado, usted urgía a un “ajuste de equilibrio” para abordar la Segunda Enmienda, una especie de escala móvil de lógica que supuestamente protegería algunas leyes existentes sobre la portación de armas y anularía otras. A mí me parece demasiado optimista, si consideramos la ideología de la Corte Suprema. ¿Ve algo en la causa Bruen que le indique que la Corte Suprema se mostraría dispuesta a encontrar este tipo de “equilibrio”?

MILLER: La principal conclusión a la que quería llegar en ese artículo era que, si la Corte termina basándose exclusiva o mayormente en el texto, la historia y la tradición para decidir casos relacionados con la Segunda Enmienda, entonces se debe aplicar la misma lógica por analogía tanto de un lado como del otro de la ecuación de derechos y regulaciones. La Corte Suprema ha rechazado firmemente la postura de que son solo las armas del siglo dieciocho las amparadas por la Segunda Enmienda. Si es así, entonces el mismo argumento también debe aplicarse a las regulaciones, es decir que no solo las regulaciones que existían en el siglo dieciocho son las constitucionales. Por lo tanto, si la Corte Suprema dice que los nuevos tipos de armas, como las pistolas de 9 milímetros, son lo suficientemente “similares” a las armas históricas como para ser calificadas como “arma” según la Segunda Enmienda, también debería decir que los nuevos tipos de regulaciones, como prohibir la portación de armas en los trenes subterráneos, son lo suficientemente “similares” a las regulaciones históricas y, por consiguiente, constitucionales.

COHEN: Los expertos en la Constitución que estudian los tribunales siempre suelen tener en mira tres o cuatro casos que empiezan a avanzar por el sistema de justicia estatal o federal. ¿Qué tres o cuatro casos relacionados con la Segunda Enmienda tiene usted en mira mientras avanzan hacia las cortes superiores? ¿Es probable que tengamos alguna impugnación de estas nuevas leyes de portación de armas a la vista que tantos estados han aprobado durante los últimos años? ¿Hay otros casos que crea que le pueda dar a la actual Corte Suprema la oportunidad de ampliar los derechos de portación de armas y limitar las regulaciones? ¿A qué deberíamos prestarle atención?

MILLER: Hay una serie de cuestiones pendientes que tengo en la mira. En la actualidad, los tribunales federales inferiores están debatiendo el tema de qué se considera “arma” a los efectos de la Segunda Enmienda: ¿incluye armas con recámaras de municiones de gran capacidad?; ¿incluye a los rifles AR-15 y otros semejantes diseñados como armas militares? En Míchigan, la corte suprema estatal se prepara para decidir si la Universidad de Míchigan y otras universidades estatales pueden prohibir la portación de armas de fuego en sus campus o si esta prohibición infringe la constitución estatal o federal. Luego tendremos la ola de litigios que vendrá después del caso Bruen. Le aseguro que las personas que defienden los derechos relacionados con las armas ya tienen a abogados querellantes contratados y demandas redactadas, y que se presentarán múltiples juicios tan pronto como la Corte publique su dictamen sobre la causa Bruen. Pero lo que más me interesa en el caso Bruen es el interrogante encubierto que determinará cuán radical será el cambio que veremos. En este momento, los tribunales inferiores están usando un marco de dos pasos para decidir los casos relacionados con la Segunda Enmienda. El primero es un enfoque histórico, y el segundo le permite al gobierno justificar la aplicación de regulaciones en base a datos de las ciencias sociales y otros tipos de datos empíricos. Pero un interrogante en la causa Bruen es si este segundo paso es permisible o si todas las cuestiones sobre la Segunda Enmienda se pueden responder únicamente refiriéndose a lo que permiten “el texto, la historia y la tradición”.

Si la Corte adopta un enfoque que solo contempla “el texto, la historia y la tradición” para responder a toda cuestión sobre la Segunda Enmienda, entonces todo lo que creíamos saber sobre las regulaciones de armas (por ejemplo, que toda persona condenada por violencia doméstica no puede poseer un arma de fuego; o que no se pueden llevar armas cargadas en la cabina de un avión de aerolínea comercial), todo eso de repente puede cambiar.

Nota: Miller es integrante del grupo de abogados que presentó un informe en calidad de amigos del tribunal en representación de ninguna de las dos partes en el caso Bruen, en el que recomendaba a la Corte Suprema que no contemplara solamente el texto, la historia y la tradición. Miller también presentó otro informe en calidad de amigo del tribunal en la causa pendiente de la Corte Suprema de Míchigan.

Esta entrevista fue editada para acortar su longitud y mejorar su claridad.

Esta entrevista es una de las varias que componen la serie del Brennan Center sobre la Declaración de Derechos. La entrevista a Orin Kerr sobre la Cuarta Enmienda se encuentra aquí; la entrevista a David Carroll sobre la Sexta Enmienda, aquí; y la entrevista a Carol Steiker sobre la Octava Enmienda, aquí.

Traducción de Ana Lis Salotti.