Que se apruebe la Ley de Libertad para Votar

La democracia estadounidense esquivó varias amenazas recientemente, pero la libertad para votar sigue en peligro. 

El otoño pasado, los votantes en importantes estados muy disputados rechazaron a candidatos para gobernador y secretario de estado que se postularon con una plataforma de negacionismo electoral.

Durante el periodo pasado, la Corte Suprema preservó una crucial disposición de la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) y retuvo importantes controles sobre el poder legislativo para administrar las elecciones. Los estadounidenses siguen apoyando las medidas políticas a favor de los votantes, como la expansión de la votación anticipada y por correo, en un momento en que corren peligro en las urnas. 

Al mismo tiempo, el negacionismo electoral —el esfuerzo por restar credibilidad a los resultados de elecciones en base a afirmaciones falsas de fraude generalizado— sigue ejerciendo gran influencia en la política. Ha llegado a manifestarse como acoso abierto e incluso violencia dirigida a funcionarios de elecciones y votantes.

Los estados siguen aprobando leyes que reducen al acceso a las elecciones y facilitan la interferencia en la administración de las elecciones por los partidos. La delimitación de distritos electorales de manera discriminatoria, los fondos anónimos de fuentes desconocidas a campañas electorales y otros antiguos problemas alcanzan un nivel históricamente alto. La Corte Suprema sigue siendo muy hostil respecto al derecho al voto en comparación con apenas hace una década, y algunas cortes estatales que solían protegerlo han dado marcha atrás. Se atenta incluso contra los procesos de iniciativas por votantes que se usan para ampliar el derecho al voto. 

Es crucial que el Congreso actúe firmemente para proteger la libertad para votar y proteja las elecciones. La mejor solución sigue siendo que el Congreso formule estándares nacionales básicos para la votación y las elecciones como aquellos en el proyecto de la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote). Esta medida, junto con la propuesta de la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act), deben seguir siendo prioridades nacionales. 

Persisten históricas amenazas a la democracia de Estados Unidos 

El negacionismo electoral es una tendencia generalizada e influyente en la política.

Como se describió en nuestro estudio que detalló 14 tácticas utilizadas por negacionistas electorales durante todo el ciclo electoral de 2022, las afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado y teorías de conspiraciones relacionadas siguen amenazando la integridad de nuestras elecciones. 

En 2022, los votantes en estados muy disputados rechazaron a los candidatos que se postularon con plataformas de negacionismo electoral en contiendas estatales claves. Pero funcionarios que expresaron afinidad con el negacionismo electoral ganaron importantes cargos estatales en otros lugares. Mientras ciertos candidatos con campañas que incluían el negacionismo electoral perdieron a nivel estatal, otros candidatos lograron importantes cargos desde los que se supervisa directamente la votación y tabulación de resultados.

Que haya funcionarios que apoyan el negacionismo electoral desde sus cargos tiene el potencial de afectar la seguridad de las elecciones de diversas maneras. Por ejemplo, los negacionistas electorales que infiltraron las oficinas electorales han dado acceso no autorizado a equipo de votación e incluso permitieron que se copien los discos duros de equipo electoral y se publiquen en internet. 

Aumentaron los ataques contra funcionarios electorales y la violencia política relacionada.

El atentado contra el Capitolio del 6 de enero en un intento por anular las elecciones de 2020 fue chocante, pero no fue el único caso de violencia política propiciada por el negacionismo electoral. 

Las campañas de negación electoral también han llevado a una ola de amenazas y acoso contra funcionarios y trabajadores electorales. En una encuesta reciente de funcionarios locales del Brennan Center, casi 1 de cada 3 reportó haber sido víctima de abusos, acoso o amenazas. Casi la mitad de ellos expresaron inquietud por la seguridad de sus colegas.

Este ambiente también tiene un impacto en los votantes: algunos estadounidenses empiezan a sentirse incómodos en los recintos electorales y otros puntos de votación. Dichas inquietudes son comprensibles en vista de incidentes como la presencia de personas particulares armadas cerca de los buzones electorales, reportes de acoso contra votantes negros, disturbios en recintos electorales y redes de personas que van de puerta en puerta a fin de intimidar a los votantes inscritos para que no acudan a las urnas. Las propuestas estatales para permitir armas en recintos electorales podrían empeorar la situación. 

También aumentó la interferencia partidista en la administración de elecciones.

El resumen de leyes electorales del Brennan Center, Voting Laws Roundup, concluyó que en 2022, por lo menos siete estados promulgaron 12 leyes para facilitar que gente partidista interfieran en la administración de comicios o amenacen a funcionarios electorales. Para el 29 de mayo de este año, por lo menos cuatro estados habían aprobado cinco leyes con este tipo de interferencia electoral.

Nuestra actual encuesta de funcionarios electorales descubrió que a 56 por ciento de ellos, incluidos muchos que se describieron como demócratas, republicanos e independientes, les preocupa la interferencia partidista en la labor de sus colegas.

Los funcionarios afines al negacionismo electoral, animados por candidatos sin escrúpulos, son cada vez más audaces en sus esfuerzos por retrasar la certificación de resultados electorales legales. Entre otras tácticas que han surgido para frustrar o desacreditar los resultados de elecciones están las revisiones falsas por partidos de resultados electorales que, sin fundamento, se proponen encontrar pruebas de supuesto fraude, además de exigencias de que todas las boletas se cuenten a mano, las que se basan en teorías de conspiración sobre la exactitud del equipo de votación. 

La información errónea sobre las elecciones ha afectado incluso a las medidas de protección de las elecciones menos polémicas. Por ejemplo, las teorías de conspiración recientemente hicieron que varios estados se retiren del Electronic Registration Interstate Compact, un consorcio por medio del cual los estados intercambian información sobre votantes a fin de mantener al día los padrones, el cual antes contaba con el firme apoyo de ambos partidos. 

Con mayor frecuencia, los estados restringen la libertad para votar. 

El movimiento de negacionismo electoral ocurre simultáneamente con una ola de nuevas restricciones electorales. Desde que la Corte Suprema limitó las medidas de protección contra la discriminación racial de la Ley de Derecho al Voto en 2013, 29 estados han agregado 94 restricciones nuevas a la libertad para votar. 

La campaña a favor de nuevas restricciones se volvió más intensa después del intento de anular las elecciones de 2020. Conforme a nuestro más reciente Resumen de leyes electorales, hasta el 29 de mayo de este año, por lo menos 11 estados habían promulgado 13 leyes restrictivas. Esto sucedió tras mucha actividad durante años previos en legislaturas estatales para limitar el derecho al voto. En 2021, no menos de 17 estados promulgaron 32 leyes restrictivas, mientras que por lo menos ocho estados aprobaron 11 restricciones nuevas en 2022. Quienes presentaron estas medidas con frecuencia fueron los mismos legisladores que pusieron en duda los resultados de 2020. Muchas restricciones nuevas reflejaron las mismas afirmaciones sin fundamento que surgieron en juicios posteriores a 2020. 

Las nuevas restricciones electorales perjudican desproporcionadamente a los votantes no blancos. De hecho, si bien la participación general en ciclos electorales recientes ha sido alta, la campaña para restringir el voto ha coincidido con un marcado aumento de la brecha de participación entre las razas. Un estudio descubrió que, a nivel nacional la participación de votantes negros disminuyó en casi 10 por ciento entre las elecciones de mitad de periodo de 2018 y 2022, mientras que la de las personas de raza blanca se redujo en apenas 1.5 por ciento, lo que resultó en la más alta brecha de participación entre todas las elecciones nacionales desde por lo menos el año 2000. 

 En Georgia, la brecha de participación entre blancos y negros aumentó casi 50 por ciento en cuatro años. En Alabama, dicha brecha se triplicó, de 3 por ciento en 2012 a 9 por ciento en 2022, y la brecha entre votantes blancos y todos los votantes de color aumentó de 7 a 13 por ciento durante el mismo periodo. 

La manipulación de distritos electorales continúa siendo históricamente alta.  

Sigue distorsionando las elecciones de candidatos al Congreso, con la posibilidad de definir quiénes controlan la Cámara de Representantes. Por ejemplo, un nuevo mapa trazado por los republicanos en Florida creó apenas ocho distritos con mayoría demócrata de 28 (cuatro menos que con el mapa previo), a pesar de que los demócratas ganaron casi la mitad del voto popular a nivel estatal en elecciones muy reñidas en 2020 y 2018.

La decisión imprevista de la Corte Suprema en junio que ratificó las medidas de protección contra la delimitación racial de distritos podría mitigar el flagrante prejuicio en mapas de varios estados. Pero las elecciones de 2022 se realizaron con mapas extremos y (según el fallo reciente de la Corte Suprema) potencialmente ilegales en Alabama, Luisiana y otras partes; dichos mapas son ejemplo del tipo de abusos que son cada vez más comunes. Es probable que otras decisiones empeoren la manipulación de distritos.

Por ejemplo, hace poco en Carolina del Norte, una nueva mayoría en la corte suprema del estado abandonó decisiones anteriores que limitaban la manipulación distrital y permitieron que una supermayoría republicana de legisladores trazara nuevos mapas parcializados. 

Nuestro sistema de financiamiento de elecciones es defectuoso.

Los dos últimos ciclos electorales fueron los más caros que se han registrado, y más dinero que nunca provino de una porción minúscula y muy poco representativa de los estadounidenses más acaudalados.

Los 100 principales donantes federales en 2022 —varios de los cuales también respaldan el movimiento de negacionismo electoral y otras causas extremas—gastó en conjunto aproximadamente $1,200 millones. Eso fue 60 por ciento más que los fondos provenientes de unos 3.7 millones de estadounidenses que hicieron contribuciones por montos pequeños de $200 o menos. Además es más difícil determinar el origen del dinero que se gasta en campañas electorales, ya que los fondos sin fuente declarada pasan por cada vez más vías o por internet, donde los requisitos de divulgación son limitados. 

Las actuales medidas de protección no bastan. 

Las medidas legales actuales no logran proteger suficientemente la libertad para votar ni las elecciones. Fueron muy bien recibidos los fallos positivos del último periodo de la Corte Suprema respecto a la manipulación de distritos y el rechazo de la extrema “teoría de legislaturas estatales independientes”, pero no eliminan el daño de decisiones previas que restringieron la Ley de Derecho al Voto, limitaron otras medidas de protección de votantes, permitieron la libre manipulación de distritos y socavaron los límites de financiamiento de campañas. Algunas cortes estatales han participado en la protección de la libertad para votar, pero a veces su poder es es limitado y otras van en sentido contrario. 

Las iniciativas electorales para expandir el derecho al voto, reducir la manipulación de distritos y limitar el dinero para campañas, que han tenido éxito en algunas partes a pesar de legislaturas y tribunales hostiles, no se realizan en todos los estados. Además, ciertas legislaturas y cortes estatales tratan de dificultar que las iniciativas electorales lleguen a la boleta y se aprueben. 

La Ley de Libertad para Votar responde al reto

La Ley de Libertad para Votar aumenta la libertad para votar y refuerza la democracia en Estados Unidos. Fija un nivel básico de estándares nacionales para proteger el acceso al voto y dificultar que partidistas manipulen las elecciones. Crea nuevas medidas de protección para funcionarios y trabajadores electorales, prohíbe la manipulación de distritos por partidos y reduce el problema de los grupos anónimos de financiación de campañas políticas.

Estas y otras importantes disposiciones se basan en prácticas óptimas en los estados. La legislación que combina la Ley de Libertad para Votar con la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis, que es igualmente necesaria y restauraría y actualizaría las medidas de la Ley de Derecho al Voto contra la discriminación racial en las elecciones, estuvieron a punto de recibir aprobación en 2022. Junto con la uniformidad en los fondos federales para ayudar a los estados a realizar elecciones, estas propuestas son más necesarias que nunca. 

Proteger la libertad para votar es lo correcto y cuenta con apoyo popular 

La Ley de Libertad para Votar es popular. En una encuesta, 70 por ciento —entre ellos 54 por ciento de los republicanos— apoyaron su aprobación, mientras que en otra encuesta, 63 por ciento de votantes probables (entre ellos 42 por ciento de los republicanos) apoyaron la aprobación de la Ley de Libertad para Votar y la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis en conjunto.

El respaldo de los votantes es incluso más firme respecto a medidas específicas como aumentar la votación anticipada, acabar con la manipulación de distritos electorales, proteger a los trabajadores electorales y reducir los fondos de fuentes desconocidas.

Estas medidas siguen cobrando fuerza en los estados. Los votantes las han aprobado repetidamente, con frecuencia con mayorías contundentes, vía iniciativas electorales. Las mayorías en las legislaturas estatales que han hecho campaña para robustecer la democracia también están empezando a promulgarlas. 

La aprobación de legislación federal histórica siempre es un proceso largo, la Ley de Derecho al Voto de 1965 fue producto de más de una década de activismo y apenas se logró tras leyes con menos fuerza. La Ley de Libertad para Votar requiere similar perseverancia. No solo es lo correcto, sino también lo que el pueblo estadounidense quiere. 

Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services