Repensemos cómo se despliegan las fuerzas policiales

Introducción

La seguridad pública siempre se ha considerado terreno casi exclusivo de las fuerzas policiales. Y no es de sorprender, porque la policía es la encargada de llevar a cabo tareas complicadas y a veces peligrosas, como la de acudir a una escena del crimen activa y responder a llamadas del 911 para cumplir un deber que se vuelve mucho más impredecible por la prevalencia de la violencia con armas de fuego que hay en los Estados Unidos. Pero durante décadas, la policía también era, por defecto, la primera en acudir ante situaciones que no estaban relacionadas directamente con la seguridad pública, desde quejas por ruido hasta llamadas relacionadas con problemas de adicción y pobreza.

Sin embargo, hoy en día, se cuestiona cada vez más la respuesta de las fuerzas policiales ante ciertas situaciones —en particular en crisis de salud mental y del comportamiento e infracciones menores de tránsito— y sus consecuencias que son muy distintas según de qué grupo racial se trate. Algunas muertes de hombres negros a manos de la policía, de gran repercusión mediática, tales como la de Daniel Prude en medio de una crisis de salud mental, han hecho que muchas personas del público cuestionaran por qué estos casos no se tratan primero como una emergencia médica y no, una policial. Así mismo, algunos tiroteos letales por parte de la policía tras una parada de tránsito cotidiana —como el caso de Walter Scott, que al principio lo pararon por conducir con una luz trasera rota— han puesto en tela de juicio la amplia facultad que tiene la policía para utilizar la fuerza.

Estos casos, agravados por la muerte de George Floyd en 2020 y otros incidentes de fuerza letal, han echado leña al fuego en el debate público y cuestionado si la policía es realmente la autoridad mejor preparada para resolver cuestiones que no afectan la seguridad pública.

Para mitigar el riesgo de ocasionar daños en estas circunstancias, muchas municipalidades han encargado a equipos no policiales y sin armas de fuego para que respondan ante situaciones sociales y médicas no violentas, tales como una crisis de salud mental, o han restringido la facultad discrecional y el deber de la policía ante infracciones de tránsito. Este análisis describe cuáles de las 50 jurisdicciones con las fuerzas policiales más grandes de los Estados Unidos (aquí llamadas “las 50 jurisdicciones más grandes”) promulgaron este tipo de reformas policiales entre enero de 2020 y julio de 2022.

Expandir la función de los equipos de primera respuesta no policiales

Desde siempre, los estados y las localidades han dependido principal o exclusivamente de la policía para resolver una serie de cuestiones sociales. De hecho, las llamadas del 911 que se transmiten a las fuerzas policiales en la mayoría de los casos son por una cuestión de “desorden”, un término amplio que puede incluir quejas por ruido, invasión de propiedad ajena, intoxicación en la vía pública o la presencia de alguien merodeando, perturbando la paz, orinando en la vía pública o vagando. Según una fuente, al menos una de cada diez llamadas de emergencia está relacionada con una situación de crisis mental o de disminución en la lucidez mental de una persona. La policía suele ser la única respuesta inmediata ante esta urgencia, lo cual a menudo encamina a las personas con problemas de salud mental hacia su encarcelación, en lugar de hacerlo hacia su tratamiento. De hecho, las instituciones de atención de salud mental más grandes de los Estados Unidos se encuentran en los sistemas carcelarios de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Sin embargo, la encarcelación no es la única consecuencia de esta dependencia de la policía. La respuesta de la policía ante un incidente de salud mental o de uso de drogas puede intensificarse rápidamente, volverse violenta y terminar infligiendo un daño físico grave o la muerte a la persona en crisis, como así también a los testigos y a los oficiales de policía que acudieron a la llamada. Varios casos de uso de fuerza letal por parte de la policía, de gran repercusión en los medios —como la muerte de Walter Wallace Jr. en Filadelfia en 2021— ponen de manifiesto las consecuencias de encomendarle a una policía armada y sin conocimientos médicos la tarea de responder ante estas situaciones volátiles. En efecto, una persona que tiene alguna enfermedad mental no tratada presenta 16 veces más probabilidades de morir en manos de la policía que cualquier otra persona del público. Este riesgo es aún mayor en los grupos marginalizados de la comunidad. Un estudio llevado a cabo en 2018 reveló que los hombres negros que tienen alguna enfermedad mental corrían más riesgo de ser asesinados por la policía que otra persona de cualquier otro grupo étnico o racial, tenga o no algún trastorno de conducta.

Por eso, mucho personal policial afirma que no está preparado para resolver la cantidad enorme de problemas sociales a los que deben responder en la actualidad. Ya en la década de los 90, algunos gobiernos locales y fuerzas policiales comenzaron a buscar otras maneras de mitigar estos riesgos y así empezaron a implementa modelos de primera respuesta conjunta muy innovadores, que reunían a oficiales de la policía con profesionales de la comunidad que no portan armas —por lo general, médicos o especialistas tales como paramédicos, terapeutas o trabajadores sociales con experiencia en salud mental, falta de vivienda o violencia doméstica. Otra opción, aunque menos frecuente, pero cada vez más usada, es emplear el modelo alternativo de primera respuesta, que elimina por completo a la policía de la primera intervención. Se trata de equipos de crisis móviles (MCT) que despachan a especialistas en respuesta a una llamada por incidentes no violentos con algún componente de salud mental, tal como el programa de asistencia de crisis en la calle CAHOOTS, que desde hace años funciona en Eugene, Oregón. Estos equipos móviles no solo brindan una asistencia inmediata, sino que también pueden hacer un seguimiento para abordar problemas más profundos que tienen que ver con la salud física o mental, la falta de vivienda o incluso alguna disputa familiar o entre vecinos. Hay otro tipo de primera respuesta alternativa que atiende a llamadas que surgen por quejas sobre actividades relacionadas con la pobreza, como cuando hay personas pidiendo limosna o recolectando basura. Solo se llama a la policía si la situación empeora o presenta un mayor riesgo de violencia que lo que se supuso al principio.

Estos dos programas de primera respuesta, el de equipos conjuntos y el alternativo, en particular los equipos móviles MCT, han demostrado reducir los arrestos y las hospitalizaciones de emergencia innecesarias y, al mismo tiempo, ayudar a la persona afectada a recibir los servicios comunitarios y el tratamiento que necesita. Estos programas también pueden liberar recursos policiales y de atención médica para otros fines urgentes. En Tulsa, por ejemplo, la adopción de un modelo de equipos conjuntos de primera respuesta liberó más de otras 800 unidades de primera respuesta para que estas pudieran atender a llamadas de mayor prioridad durante el primer año de iniciado el programa. Estos programas también pueden ahorrar costos a largo plazo, tal como ocurrió en Eugene, donde el despliegue de equipos CAHOOTS permitió a la ciudad ahorrar unos $14 millones de dólares en servicios de emergencia médica durante 2019. Estos beneficios, sumados a la demanda del público, han generado un aumento notable en la adopción de los dos modelos a lo largo de todo el país, donde el 62 por ciento de las 50 jurisdicciones más grandes ha creado al menos uno de esos programas desde 2020.

Programas de primera respuesta conjunta

Entre enero de 2020 y julio de 2022, al menos 15 jurisdicciones de las 50 más grandes crearon nuevos programas de primera respuesta conjunta. Si bien este análisis se centra en los nuevos programas, hay cuerpos policiales de todo el país que han estado utilizando este método desde hace décadas. Por lo menos 28 de las 50 jurisdicciones más grandes ya tenían instaurado al menos un programa de primera respuesta conjunta antes del 2020.

La mayoría de los programas más nuevos se centran en las llamadas sobre cuestiones de salud mental que tienen que ver con crisis de salud mental o de uso de drogas. Algunos, como el equipo de ayuda para los que no tienen vivienda (Homeless Outreach Team) de Detroit, se especializan en atender quejas sobre personas sin hogar.

Por lo menos ocho de los nuevos programas de primera respuesta conjunta se lanzaron como programas piloto, se los dotó de unas pocas unidades y, en algunos casos, estaban destinados a ciertos vecindarios y durante un determinado período. Por ejemplo, el programa piloto de Filadelfia consta de tan solo cuatro equipos que trabajan con un solo turno para atender a una ciudad de 1.6 millones de habitantes. El programa piloto de Tampa de un año de duración también tenía poco personal: solamente cuatro oficiales y cuatro profesionales de salud mental para una ciudad de 380,000 habitantes. Las localidades que implementaron sus programas piloto con éxito terminaron ampliando el personal, los recursos, el alcance geográfico y las horas de servicio del programa, como ocurrió en

Chicago, Detroit, Jacksonville y Nashville. El 6 de octubre de 2022, el Consejo de la Ciudad de Tampa votó a favor de extender la duración de su programa piloto por dos años más.

Otros programas ya consolidados, como el Equipo de Respuesta a la Intervención de Crisis (CIRT) de Houston, también comenzaron de a poco. El CIRT, desde su creación en 2008 como un programa piloto encargado de responder a situaciones de crisis de salud mental, ha crecido hasta llegar a contar con 12 unidades dotadas a tiempo completo que cubren toda la ciudad. Está previsto agregar más unidades para brindar un servicio las 24 horas. (En Houston, también hay programas de respuesta conjunta que se especializan en problemas de falta de vivienda y violencia doméstica).

Programas alternativos de primera respuesta

Al menos 19 jurisdicciones de las 50 más grandes han adoptado modelos de primera respuesta desde 2020 que ofrecen alternativas al despliegue de las fuerzas policiales. Y otras 50 ciudades importantes, como Boston, Jersey City, Miami y Nashville, están estudiando la posibilidad de implementar programas parecidos.

Como muchos de los programas de primera respuesta conjunta, los alternativos suelen atender llamadas por problemas de salud mental y falta de vivienda que no presentan ninguna amenaza a la seguridad pública, pero que requieren de especialistas, que son despachados para resolver las crisis.

Algunas jurisdicciones, conscientes de que la persona que hace la llamada puede no preferir llamar al 911, han reutilizado sus líneas telefónicas 311 para atender a estas llamadas que no son de emergencia. En Atlanta, las llamadas sobre problemas de calidad de vida, salud mental o uso de drogas pueden responderse mediante el despliegue de un Equipo de Reducción de Daños compuesto por profesionales de asistencia social. Por su parte, Minneapolis también amplió el uso de su número 311 para despachar a personal municipal no policial en respuesta a situaciones no violentas relacionadas con robos, daños a la propiedad y quejas sobre un mal estacionamiento. Algunas ciudades de las 50 más grandes, que no están incluidas en el conteo anterior —tales como Long Beach, California, y Fort Worth, Texas— han creado cargos civiles dentro de sus departamentos de policía para llevar a cabo ciertas tareas, como la de tomar denuncias por delitos a la propiedad o responder a quejas por vehículos abandonados.

La ciudad de Albuquerque —donde en 2010 las personas que tenían alguna enfermedad mental presentaban el triple de probabilidades de terminar en la cárcel que en el hospital— implementó en 2021 una estrategia exhaustiva. El Departamento de Seguridad Comunitaria de Albuquerque (ACSD) resuelve ahora todas las llamadas al 911 por cuestiones no violentas y no médicas. Su método combinado emplea a profesionales de salud mental licenciados que responden a la llamada junto con la policía; reúne a profesionales de salud conductual que acuden sin la policía y a personas de la comunidad que están preparadas para resolver problemas de baja prioridad, tales como de embriaguez, vehículos abandonados, cualquier accidente sin lesiones y recolección de agujas.

Sin embargo, la mayoría de las ciudades han optado por programas menos exhaustivos que se limitan a atender determinados tipos de llamadas y en ciertos vecindarios. Por ejemplo, el equipo de crisis móvil de la ciudad de Nueva York, la División de Respuesta de Asistencia de Emergencias de Salud (B-HEARD), responde ante crisis de salud mental durante determinadas horas en algunas partes del Upper Manhattan y el Bronx. Durante los primeros seis meses de iniciado el programa, los operadores del 911 transfirieron al programa B-HEARD el 22 por ciento de todas las llamadas por problemas de salud mental provenientes del área inicial del programa piloto. En 2020, el nuevo programa piloto de equipos de crisis móviles de Denver, Equipo de Respuesta Asistida (STAR), respondió a tan solo el 13 por ciento de las aproximadamente 15,000 llamadas de emergencia que podría haber atendido este programa.

Sin embargo, se prevé que estos programas aumentarán en los próximos años. Por ejemplo, después de que la primera evaluación del programa STAR demostró que había resuelto sus primeras 2,700 llamadas sin daños ni arrestos, Denver realizó importantes inversiones para ampliar su alcance a toda la ciudad. Portland, Oregón, también expandió su programa de asistencia de crisis móvil, Respuesta en la Calle de Portland (PSR), para atender a toda la ciudad en marzo de 2022. Y el Equipo de Respuesta a Crisis en las Calles de San Francisco (SCRT) también se ha ampliado muchísimo desde su creación en 2020. En el primer año, el SCRT respondió a más de 5,000 llamadas relacionadas con el uso de drogas y problemas de salud mental, de las cuales el 59 por ciento se resolvió en el lugar del incidente (lo que permitió que las personas afectadas permanecieran en sus comunidades), el 14 por ciento fue transportado para recibir una atención no ambulatoria (por lo general, a una clínica de atención urgente o a un refugio), y el 15 por ciento fue transportado para recibir una atención ambulatoria. El SCRT atendió el 58 por ciento de las llamadas por problemas de salud mental que antes hubiera recibido la policía y solicitó la asistencia de la policía en tan solo el 3 por ciento de las llamadas. (Y no se ha declarado ningún incidente violento). Desde entonces, el programa ha crecido y ahora consta de siete equipos de paramédicos, médicos clínicos y miembros de la comunidad capacitados que han pasado ellos mismos por problemas de salud mental o uso de drogas. Estos equipos funcionan día y noche en toda la ciudad.

 

Reorientar el despliegue de las fuerzas policiales en cuestiones de tránsito

Hacer cumplir las normas de tránsito es tradicionalmente uno de los deberes de las fuerzas policiales estatales y locales. Sin embargo, los estudios indican que, cuando la policía equipada con armas de fuego responde a infracciones de tránsito, no se reducen las muertes por accidentes de tránsito. Además, el tiempo que la policía pasa haciendo cumplir las normas de tránsito puede quitarle el tiempo que le queda para responder a situaciones de emergencia.

Estos hallazgos no son la única razón por la que algunas jurisdicciones han decidido eliminar la aplicación de las normas de tránsito del deber policial. La gran cantidad de pruebas que demuestran un sesgo racial en la aplicación de las normas de tránsito ha sido otro catalizador de reformas. Las personas negras que conducen un vehículo tienen más probabilidades que las personas blancas de ser detenidas por la policía y, por lo general, son objeto de un mayor índice de “paradas con cualquier pretexto”, en las que la policía utiliza una infracción menor para buscar alguna prueba de otra infracción más grave. Desde 2017, la policía ha matado a casi 600 personas durante paradas por infracciones de tránsito. Y las personas negras, que a veces se las para por las infracciones de tránsito más leves, tienen un mayor riesgo de ser objeto del uso de la fuerza. Esto ocurrió con Samuel DuBose (por estar conduciendo sin la placa de matrícula delantera), Philando Castile (por tener una luz trasera rota) y Daunte Wright (por llevar etiquetas de registro del vehículo vencidas y un desodorante colgado del espejo retrovisor), entre muchos otros casos.

Varias jurisdicciones han adoptado reformas que restringen la facultad que puede ejercer la policía en el ordenamiento del tránsito, o bien transfieren por completo el deber de hacer cumplir las normas de tránsito a otras agencias.

Las fiscalías y las personas encargadas de elaborar políticas también han tomado medidas para desalentar a la policía a realizar paradas de tránsito con cualquier pretexto. Por lo general, estas nuevas políticas se centran en las paradas de tránsito por infracciones menores y no relacionadas con las normas de circulación, tales como llevar una luz trasera rota. Y no se aplican a infracciones de circulación, como pasar por un semáforo en rojo o exceder la velocidad máxima.

Las siguientes jurisdicciones han tomado medidas para eliminar el ordenamiento del tránsito del deber policial o para reducir la facultad que ejerce la policía cuando realiza paradas de tránsito:

• Berkeley, California (2020). Berkeley les quitó prioridad a las paradas de tránsito por infracciones menores (tales como tener algún equipo en infracción o etiquetas de registro vencidas) e inició sus planes para crear el Departamento de Transporte de Berkeley (BerkDOT), que estaría dotado de personal sin armas de fuego y entrenado para aplicar las normas de tránsito, entre otras funciones.
• Brooklyn Center, Minnesota (2021). Después de que la policía matara a Daunte Wright, Brooklyn Center asignó $1.3 millones para financiar varias iniciativas de seguridad pública, entre ellas, un programa piloto de ordenamiento de tránsito para infracciones no relacionadas con las normas de circulación.
• Lansing, Michigan (2020). El jefe de policía publicó nuevas directrices para instruir a la policía a priorizar las infracciones de tránsito primarias, como la de no llevar cinturón de seguridad, exceder la velocidad máxima y conducir con imprudencia, y quitarles prioridad a las infracciones secundarias, como la de llevar algún equipo defectuoso. (Sin embargo, algunas infracciones que no tienen que ver con la seguridad, como la de llevar una placa de matrícula vencida, se siguen considerando infracciones primarias).
• Los Ángeles (2022). La Comisión de Policía de Los Ángeles, un organismo civil de control, aprobó una directiva del LAPD que permite a los oficiales de policía realizar paradas de tránsito o de transeúntes por infracciones menores de tránsito o del código únicamente si presentan un importante riesgo a la seguridad pública. Los oficiales deben declarar la justificación del riesgo a la seguridad pública —que se graba en las cámaras que llevan puestas en el uniforme— cuando realizan estas paradas.
• Minneapolis (2021). Las autoridades locales anunciaron que el Departamento de Policía de Minneapolis iba a dejar de realizar determinadas paradas de tránsito por infracciones menores, como la de llevar algún objeto colgado del espejo retrovisor o tener rotas las luces de la placa de matrícula.
• Oregón (2022). El estado le prohibió a la policía hacer paradas de tránsito únicamente por tener algún equipo del vehículo en infracción, por ejemplo, por tener una luz rota.
• Filadelfia (2021). Tras promulgar el paquete legislativo Igualdad al Volante (Driving Equity), Filadelfia estableció las infracciones de tránsito secundarias (que abarca infracciones por tener una luz de freno rota o problemas con el control de ruido) y clasificó a todas las demás infracciones (como el exceso de velocidad) como primarias. El departamento de policía ahora tiene prohibido realizar paradas de tránsito únicamente por una infracción secundaria. Las reformas también estipulan que se debe presentar información sobre las paradas como, por ejemplo, los datos demográficos.
• Pittsburgh (2021). Al igual que Filadelfia, esta ciudad aprobó una ley que prohíbe a la policía parar a conductores por infracciones de tránsito secundarias, como las relacionadas con las placas de registro del vehículo, a menos que también se haya cometido una infracción primaria.
• Seattle (2022). En consonancia con las propuestas de la inspectora general de la ciudad, el jefe de policía les prohibió a sus oficiales realizar paradas de tránsito solamente por determinadas infracciones menores de tránsito, como la de tener el registro del vehículo vencido y el parabrisas rajado.
• Virginia (2020). El estado le prohibió a la policía parar a conductores por distintos tipos de infracciones relacionadas con los equipos del vehículo, como la de llevar una luz de freno rota o ventanillas polarizadas. También le prohibió realizar allanamientos e incautaciones solamente porque haya olor a marihuana.

Desde 2020, las fiscalías de San Francisco; Ann Arbor y Lansing, Míchigan; St. Paul, Minnesota; y Burlington, Vermont, han afirmado que sus fiscales ya no presentarán ciertos cargos originados por una parada menor de tránsito, o directamente ningún cargo.

Las iniciativas para reducir la función de la policía en el ordenamiento del tránsito no gozan de un gran apoyo entre la policía y tampoco se han estudiado ni implementado lo suficiente. Pero ha llegado el momento de experimentar con este tipo de reformas. Algunas jurisdicciones también están considerando tecnologías, tales como la aplicación automática de las normas de tránsito, aunque este método presenta sus propios retos. Sin embargo, es probable que se implementen más reformas, a medida que las jurisdicciones consideren otras estrategias para reducir los posibles daños inherentes a una policía armada que hace cumplir las normas de tránsito y evalúen otros métodos alternativos.

Conclusión

Si bien el Congreso, por estar muy polarizado, no ha podidoaprobar ninguna ley importante sobre la vigilancia policial, muchas jurisdicciones de todo el país han comenzado a responder a la gran presión pública de una forma diferente: restructurando su respuesta ante muchos tipos de llamadas de emergencia y de infracciones menores de tránsito. Cuando invierten en métodos alternativos que no contemplan solo a la policía, no solo se aseguran de responder adecuadamente a las situaciones cotidianas no violentas, sino que también liberan a la policía para que esta pueda dedicarse a responder a delitos más graves. 

Sin embargo, para resistir el paso del tiempo, estos programas necesitan mucho más que un entusiasmo inicial. Las personas encargadas de elaborar políticas deben comprometerse a implementarlos durante un tiempo suficiente como para permitir una evaluación justa y deben ser lo suficientemente flexibles para adaptar su enfoque si los datos demuestran que un programa no está cumpliendo con los objetivos deseados. La buena noticia es que hay nuevos flujos de financiación, como el del Plan de Rescate Estadounidense, que pueden aligerar la carga sobre los gobiernos locales y darles a estos programas la oportunidad de demostrar de lo que son capaces.